La transformación no se limitó a la Justicia, también modernizamos el ámbito de la transparencia, mediante la creación de la Oficina Anticorrupción (Ley 5885), organismo clave para la vigilancia de la ética pública y el combate a la corrupción en la provincia, en todos sus poderes.
Hasta 2015, sólo rendían cuentas los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo. Hoy también lo hacen los Jueces, Defensores y Fiscales. Establecimos la presentación de la declaración jurada de bienes en forma anual y pública, mientras que antes sólo se hacía al ingresar y al finalizar el cargo, con lo cual era difícil de evaluar el crecimiento patrimonial de una persona que pasaba varios años en la función pública, y además la ciudadanía tampoco podía consultarla.